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Obstáculos para una Internet libre

Publicado en México Social

30 sept 2021

Parece un futuro ya muy lejano, pero había una vez en que el Internet nos iba a dar infinitas posibilidades de crecimiento y desarrollo humano. Acceso ilimitado a información, libertad para opinar y decir lo que quisiéramos, comunicación igualitaria con los poderosos, capacidad de organización, impulso democrático, crecimiento económico insospechado. Todo en un entorno esencialmente colaborativo.

 

Pero ese futuro ya no es lo que solía ser. El Internet se ha convertido más en el complicado reflejo de nuestras sociedades, con sus ángeles y demonios (y todos los seres de en medio). Quizá era de esperarse. Quizá lo descuidamos. Quizá, aún se puede rescatar. Pero mientras arribamos a alguna de estas conclusiones, o para informar nuestra decisión, conviene revisar los hallazgos de Freedom House en su reporte más reciente sobre la libertad en el Internet, y los llamados “Archivos de Facebook”, resultados de una amplia investigación hecha por el Wall Street Journal sobre aquella red social. Ambos casos nos deberían ayudar a repensar el tipo de Internet que, entre todos, estamos construyendo.

 

Una Internet menos libre

 

En su informe 2021 sobre Libertad en la Red, Freedom House advierte que la libertad en Internet se redujo de nuevo en el último año, para hilar 11 periodos anuales de disminuciones. Las principales restricciones a la libertad de expresión o el uso de mecanismos de acoso a opositores en redes sociales, provienen de gobiernos, según Freedom House.

 

De junio de 2020 a mayo de 2021, un total de 48 gobiernos (de 70 países analizados) aprobaron nuevas reglas para la administración de contenidos, datos o prácticas competitivas dirigidas a plataformas digitales. Se trata de nuevas regulaciones que tienen su origen en problemas concretos, como el acoso en línea o prácticas comerciales manipuladoras, pero que han sido usadas por una mayoría de los gobiernos que las han aprobado para controlar o reducir los espacios a la libertad de expresión o tener mayor acceso a datos privados.

 

Según el reporte de Freedom House, la libertad de expresión en línea nunca había estado sujeta, como ahora, a tal grado de tensión. En 55 países (incluyendo México), los gobiernos nacionales investigaron, arrestaron o procesaron a personas por sus opiniones y publicaciones en plataformas digitales. En otros 20 países, se suspendió temporalmente el acceso a Internet y en 21 naciones se bloqueó el acceso a redes sociales, especialmente en periodos de agitación política, durante protestas y elecciones.

 

En el caso de México, el reporte de Freedom House lo incluye entre los 45 países cuyas autoridades usaron o están bajo sospecha de haber usado tecnologías de espionaje y extracción de información; se trata del conocido caso del software Pegasus por el que el gobierno mexicano habría pagado en 2014, 32 millones de dólares a una empresa Israelí. Y también aparece como caso de atención y cuidado, por la iniciativa de ley presentada (por el senador Ricardo Monreal) para regular las redes sociales, a partir de una serie de modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiocomunicación, con potenciales efectos restrictivos en el ejercicio de la libertad de expresión en redes.

 

Facebook y sus laberintos

 

El reporte de Freedom House es útil para entender una buena parte de la dinámica del ecosistema digital en el mundo, pero se enfoca sobre todo en el papel de los gobiernos y reguladores en la gobernanza de Internet. A este análisis hay que agregar, imposible no hacerlo, lo que sucede dentro de las plataformas digitales. Estas son, desde hace tiempo, nuestra nueva ágora pública, el espacio de interacción social y privado con autoridades, pero también con amigos y familiares. Incluso a pesar de la brecha digital, lo que ahí sucede, cuándo y cómo sucede, es sintomático del tipo de problemas, sociales y privados, que enfrentamos en la actualidad.

 

En un reportaje publicado por el diario Wall Street Journal a inicios de septiembre, Facebook e Instagram, de la cual es propietaria aquella, es retratada como una organización digital cuya directiva luce negligente, manipuladora, selectiva en la aplicación de sus políticas e ineficaz para corregir algunos de los problemas que genera. Uno de los asuntos más delicados es que, aún conociendo los efectos perniciosos que el uso intensivo de Instagran tiene en el bienestar de las adolescentes, Facebook ha decidido ignorarlos. Además, parece exceptuar de la aplicación de sus políticas a cuentas de alto perfil, a pesar de que algunas de estas cuentas han incurrido en prácticas como la incitación a la violencia, que deberían ser sancionadas.

 

Los problemas de Facebook no son exclusivos de esa plataforma digital, aunque son especialmente delicados para una empresa con un alcance de 2,900 millones de personas. Con una recaudación por publicidad que alcanzó los 54 mil millones de dólares solo en la primera mitad de 2021 en el caso de Facebook, ésta plataforma, como el resto de las redes sociales, e incluso muchas plataformas de “noticias” que han surgido en décadas recientes, sin olvidar a las empresas de streaming (Netflix y el resto de su clase) son parte de la “economía de la atención”, aquella que cifra su éxito y negocio en lograr que pasemos el mayor tiempo posible mirándolas en las pantallas de nuestros celulares y computadoras. Con sus efectos en el bienestar individual y colectivo.

 

 

El ciber acoso

 

En efecto, tal como lo advirtió Mario Luis Fuentes en México Social hace algunos meses, con motivo de la publicación de una encuesta del INEGI sobre ciberacoso, este es un problema y riesgo creciente entre la población, especialmente los adolescentes y jóvenes. Advierte Fuentes que de los 76.9 millones de usuarios de internet y celulares, mayores de 12 años, que hay en México, uno de cada 5 (21% o 16.1 millones) experimentaron ciberacoso. La cifra asciende a uno de cada 4 (25.7%) entre la población adolescente, de 12 a 19 años, y es similar entre quienes tienen de 20 a 29 años (26.7%). En el resto de la población adulta las cifras porcentuales son similares o inferiores al promedio nacional.

 

El acertijo de la regulación

 

En el mundo hay dos grandes enfoques o aproximaciones a la regulación de Internet en materia de moderación de contenidos, privacidad y uso de datos. El punitivo, que busca establecer sanciones y controles estrictos a las plataformas digitales y el que podríamos llamar garantista, que enfatiza el papel de los actores públicos y la sociedad en su conjunto para contrarrestar la desinformación con información válida, cierta y oportunamente difundida, bajo reglas de coordinación y corresponsabilidad de las plataformas digitales.

 

En la complejidad que supone Internet en la actualidad quizá ninguno de estos dos enfoques represente una solución por sí sola. Reconociendo que la auto regulación de las plataformas digitales no es una salida sostenible (el caso de Facebook es ilustrativo), la regulación a cargo de autoridades gubernamentales y multilaterales sigue siendo un auténtico acertijo: pasa por garantizar la libertad de expresión y generar mejores habilidades digitales en la ciudadanía, pero también por hacer que las empresas rindan cuentas, sean transparentes sobre sus mecanismos de moderación de contenido y uso de datos, y sancionarlas cuando incumplan. Y todo, idealmente, bajo una lógica de coordinación entre autoridades. De ese tamaño es el desafío.



En una muestra de claro realismo en materia internacional (posición que reconoce que la estabilidad de las relaciones internacionales parte de la construcción de balances políticos entre las potencias), inusitada en temas de política exterior, advirtió: “(…) poco a poco se ha ido aceptando una circunstancia favorable a nuestro país: el crecimiento desmesurado de China ha fortalecido en Estados Unidos la opinión de que debemos ser vistos como aliados y no como vecinos distantes (…) nos conviene que Estados Unidos sea fuerte en lo económico y no sólo en lo militar”.


“Pensamos”, continuó el presidente, “que lo mejor sería fortalecernos económica y comercialmente en América del Norte y en todo el continente (…) la propuesta es, ni más ni menos, que construir algo semejante a la Unión Europea”.


Para decirlo con claridad, tal como lo analizan Saltalamacchia y Silva, López Obrador estaba sugiriendo que “a cambio de conducirse con respecto irrestricto a la autonomía política de los países latinoamericanos y caribeños, Washington podría obtener una colaboración que dificultaría el avance de China en la región”. El planteamiento no solo es realista y pragmático, sino audaz.


En lo esencial, AMLO reiteró esta visión en su discurso inaugural del a VI Cumbre de la CELAC, el pasado 18 de septiembre: “La CELAC”, dijo, “puede convertirse en el principal instrumento para consolidar las relaciones entre nuestros países de América Latina y el Caribe, alcanzar el ideal de una integración económica con Estados Unidos y Canadá en un marco de respeto a nuestras soberanías; es decir, construir en el continente americano algo parecido a lo que fue la Comunidad Económica que dio origen a la actual Unión Europea”.


Los resultados de la VI Cumbre de la CELAC


Con este antecedente, parecería que la Cumbre habría de relanzar a la Comunidad para enfocarse en la construcción de las bases de esa visión pragmática de integración económica entre los países latinoamericanos, pero también con EEUU y Canadá. Sin embargo, la Declaración Política que resultó del encuentro es, lamentablemente, más bien anticlimática: un documento de 44 puntos que lo mismo se refiere a la integración económica, que a los compromisos del cambio climático, la seguridad alimentaria, la democracia y los derechos humanos, la pandemia, sus consecuencias y las respuestas a ella, pero también a la corrupción, los derechos especiales de giro del Fondo Monterio Internacional, la juventud, la igualdad de género, los afrodescendientes, las lenguas indígenas, el colonialismo, las armas nucleares, el combate a las drogas o el terrorismo. Es un auténtico potpurri temático que ahoga la fuerza del que parecía ser un objetivo claro: articular esfuerzos para avanzar, más allá de lo discursivo, hacia una integración regional.


Lo más recatable de los resultados específicos de la Cumbre fue la recepción y aprobación del Plan de Autosuficiencia Santinaria que elaboró la Comisión Económica para América Latina (Cepal) a petición de la CELAC. Articulado en seis grandes líneas de acción, algunas de implementación inmediata y otras de mediano y largo plazo, el Plan ofrece una ruta específica y clara para establecer políticas y decisiones en toda América Latina orientadas a fortalecer el sector salud, con énfasis en la atención primaria y en particular, en la generación de capacidades para acceder a vacunas y ampliar capacidades para desarrollar las propias en beneficio de toda la región. En buena medida, el Plan es un aterrizaje ingenioso e interesante de la visión integradora planteada por AMLO llevada al tema de vacunas, controles sanitarios y atención a la salud. El reto será, por supuesto, su aplicación y materialización concreta en una región que aunque habla casi el mismo idioma y posee raíces culturales e históricas muy similares, tiene una diversidad política y administrativa nada menor.


El desafío democrático en la región


Integrar económica y comercialmente una región, como la de América Latina, en donde solo el 13% de su comercio es intraregional (a diferencia de la Unión Europea, donde el comercio intraregional es del 60%) es un reto mayúsculo. Pero además, tenemos el desafío político, que fue el que afloró más claramente en los posicionamientos de jefes de Estado y que dejó ver el tamaño del diferendo que hay en la región sobre un tema esencial: la estabilidad de nuestro orden democrático y constitucional.


Los casos más claros y evidentes (fuente de confrontación política en la región), sobre la vigencia de la democracia en América Latina y el Caribe, son Venezuela, Nicaragua, Cuba, y más recientemente El Salvador. Pero hay desafíos al funcionamiento de la institucionalidad democrática en varios de los países latinoamericanos y caribeños: el estado de Derecho, los pesos y contrapesos, la libertad de prensa, el respeto a la autonomía de las autoridades electorales y otras dimensiones propias de una democracia plena.


Justo por ello conviene recordar que el 11 de septiembre pasado, 7 días antes de la Cumbre de la CELAC, se cumplieron 20 años de la aprobación de la Carta Democrática Interamericana, que comprometió a todos los estados miembros de la OEA a promover y defender colectivamente la democracia y los derechos humanos, partiendo de la idea de que hacerlo colectivamente no es intervencionismo sino un paso necesario para una integración regional más auténtica. Visto así, atender una agenda democrática regional compartida es quizá la forma más clara de mostrar que “la mejor política exterior es la política interior”.


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