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Sobre la imposibilidad del fraude (primera parte)

Publicado en México Social

17 may 2021

Cuando se afirma que el fraude electoral es imposible en México, lo que se quiere decir es que su ocurrencia como práctica generalizada, sistemática y articulada a niveles extendidos y a favor de un partido y/o candidatura, es imposible. Cuando sucede, si llega a ocurrir, suele ser un evento aislado y por lo mismo relativamente fácil de identificar y con altas posibilidades de ser denunciado y sancionado ¿Cómo se puede afirmar esto? Comparto 5 razones (entre otras posibles) que soportan este argumento. Algunas parecerán obviedades, pero hay que recordarlas porque la amnesia o el desconocimiento no son buenas amigas en estos casos. Por razones de extensión en esta entrega presento tres de las 5 razones, y en la siguiente explicaré las otras dos.

 

1. Diversidad y dispersión en los sitios de decisión y operación.


En nuestro sistema electoral, aunque la autoridad más visible sea el Instituto Nacional Electoral (INE), por la naturaleza de sus funciones y atribuciones, está muy lejos de ser la única que toma decisiones o que lleva a cabo actividades operativas en materia electoral. Incluso dentro del INE, las decisiones no están centralizadas en quien lo preside, sino en 11 consejeros y consejeras electorales, que toman determinaciones por mayoría de votos en el Consejo General (CG).

 

En materia administrativa y operativa electoral, además del INE, hay 32 autoridades electorales estatales (organismos públicos locales electorales u OPLE) que toman decisiones sobre las elecciones locales. En cada elección federal se instalan 32 consejos locales (designados por el CG del INE) y 300 consejos distritales (designados por los consejos locales) cuyas atribuciones incluyen temas como determinar número y ubicación de casillas, realizar los cómputos distritales de los votos, registrar observadores electorales. Agreguemos, por supuesto, a las y los funcionarios de casilla, que son ciudadanos y ciudadanas seleccionadas por sorteo en cada elección de entre los y las vecinas de donde se ubica cada casilla, y que son autoridad electoral el día de la elección.

 

Hay muchas otras instancias de decisión y participación relevantes en el proceso electoral (por ejemplo, los comités de los conteos rápidos y del Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP, donde participan personas expertas en materia estadística), pero el punto es el mismo: el sistema electoral mexicano es poliárquico en muchos sentidos —aunque su diseño garantiza vínculos de coordinación necesarios, como todo sistema funcional— lo que hace prácticamente imposible un fraude sistemático y generalizado.

 

2. Centralización de procesos e instrumentos clave.


Hay procesos e instrumentos electorales que por ser esenciales para la elección están centralizados en su operación y resguardo. Entre los más destacables están el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, que son los registros de la totalidad de los electores del país y la base de la credencial para votar. El Padrón y la Lista están bajo resguardo del INE, por mandato constitucional, y ésta es la única autoridad a cargo de ellos.

 

Algo similar, en términos de administración centralizada, ocurre con la impresión de las boletas electorales (también a cargo del INE), o el diseño y funcionamiento del PREP y del conteo rápido. Son procesos e instrumentos que al ser delicados para las elecciones es más conveniente centralizar su diseño y operación, que distribuirlo entre varios actores. Y esto mismo hace que se dificulte cualquier posibilidad de fraude. Sin embargo, aunque son operados de forma central no son opacos u ocultos en su funcionamiento, están sujetos a vigilancia constante.

 

3. Vigilancia y controles en diferentes niveles y etapas.


El sistema electoral mexicano es quizá uno de los que mayor número y diversidad de instancias y procesos de vigilancia, supervisión y control posee, clara muestra de la fuerte marca que la desconfianza ha dejado en el propio sistema, pero también de su compromiso con la transparencia. Van algunos ejemplos. Todas las sesiones de CG del INE son transmitidas públicamente, así como las comisiones del Consejo. En ambas (con la excepción de unas cuantas comisiones) participan siempre los partidos políticos, sin voto, pero con voz. Existe una Comisión Nacional de Vigilancia (y 32 comisiones estatales y 300 distritales), con presencia de todos los partidos políticos nacionales que se encargan de supervisar la integración, depuración y actualización del Padrón Electoral y la Lista Nominal.

 

Los partidos políticos tienen además presencia en las casillas electorales el día de la elección. Aunque no todos los partidos pueden tener representantes en todas las casillas (no porque alguna autoridad lo limite, sino porque solo unos cuantos partidos pueden cubrir con representantes todos los centros de votación), no hay casilla que no tenga presencia de varios partidos políticos, lo que garantiza, de nuevo, vigilancia y observación de su parte durante la jornada electoral.

 

Miles de observadores electorales (más de 5,500 registrados hasta inicios de mayo para la elección en curso) y visitantes extranjeros (más de 300 solicitudes hasta ahora para esta elección) llevan a cabo labores de vigilancia y supervisión de los comicios cada año, desde días antes de la jornada electoral y durante la misma. Sus reportes de lo observado son públicos y analizados.

 

El PREP es auditado en su componente informático, en todos los procesos electorales federales (y también se hace en los PREP locales), comúnmente por instituciones de educación superior; para la elección 2021 será auditado por la UAM-Iztapalapa. También se auditan sistemas como el del voto electrónico, que este año lo auditó la UNAM.

 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la última instancia en el sistema electoral y todas las decisiones del INE están sujetas siempre a la revisión de parte de esta instancia jurisdiccional.

 

La lista de mecanismos de vigilancia y supervisión podría seguir, pero la evidencia es la misma: las elecciones son ampliamente vigiladas, auditadas y supervisadas por múltiples actores. En estas condiciones, la probabilidad de fraude es, nuevamente, prácticamente imposible.

 

En la próxima entrega, el miércoles 26 de mayo, continuaré con las dos razones adicionales sobre la imposibilidad del fraude en México.


 

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